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LOMLOE: Una oportunidad perdida.

Comunicado de Alternativa Republicana.


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LOMLOE
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En medio de la exagerada polémica que impulsan los intereses de algunos sectores de la derecha católica, la LOMLOE, conocida también como “Ley Celaá” ha culminado su primer recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Podríamos pensar que, a juzgar por la furibunda reacción de la derecha y la ultraderecha, nos encontramos ante una ley que por fin resuelva los verdaderos problemas que nuestro sistema educativo arrastra desde hace años, pero el hecho es que desde Alternativa Republicana consideramos que el proyecto queda muy lejos de la visión que tenemos de cómo debe ser la Educación para la República que perseguimos como objetivo central de nuestra formación.

Los republicanos siempre hemos concebido la educación como un aspecto que merece una atención especial, lo es para cualquier país, pues de ella depende su futuro en todos los aspectos, su progreso, la modernización y la adaptación del mismo. Sin embargo, durante 40 años hemos visto como cada nuevo gobierno ha elaborado una ley educativa nueva siguiendo exclusivamente criterios políticos, sin atender a criterios pedagógicos, ni a las demandas de la comunidad educativa.

Es de lamentar otra grave carencia en nuestro país: la ausencia de propuestas educativas de calado entre los principales partidos políticos. Al margen del eterno debate sobre la religión, la concertada o la inversión, no se proponen reformas en profundidad en materia educativa en ningún partido político del actual arco parlamentario. Toda propuesta se reduce a incluir nuevas asignaturas según el ideario del gobierno de turno, como si el horario de nuestro alumnado pudiera alargarse a voluntad, sin abordar los problemas de fondo, mostrando la evidente ignorancia por parte de nuestra clase política de la realidad de nuestras aulas.

Y es por todo ello que no debe tomarse a la ligera la elaboración de una ley educativa. Esta nueva ley, que en principio pretende poner coto a algunos de los aspectos más lesivos de la Ley Wert, ha dejado muchas cuestiones fundamentales en el tintero, quizá por falta de voluntad política de afrontar una reforma profunda del sistema educativo. Por otra parte, nos tememos que será una ley más con corto recorrido puesto que ya se anuncia su derogación si la derecha llega al gobierno. Como sus predecesoras, no se tiene en cuenta el criterio pedagógico sino el político y se obvia el tener en cuenta a los sectores afectados.

Por supuesto, el ruido provocado por la sobreactuación de la educación concertada es totalmente infundado. El modelo educativo de la LOMLOE no cuestiona la existencia de esa aberración llamada “educación concertada” que supone sufragar con fondos públicos a centros privados en virtud de una presunta “libertad de elección”. En el fondo, un inmenso negocio, cuya mayor parte se la lleva la iglesia católica que obtiene de esta forma numerosos réditos, no solo económicos, sino también de influencia social y política. Eso es lo que se ventila en sus manifestaciones excesivas de estos días. Por otro lado, está la defensa de la segregación y el clasismo que pretenden algunos sectores sociales que llevan a sus hijos a centros concertados y que pretenden que esto se pague con dinero público de todos. Además, diversas Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias educativas, han hecho pública su hostilidad a la ley y su cerrada defensa de la concertada. Es cierto que, sin embargo, se ha conseguido retirar el perverso criterio de la “demanda social” para privilegiar el crecimiento de los conciertos frente a la reducción de los centros de titularidad pública.

No obstante, entendemos que esto es claramente insuficiente, y desde ALTER siempre hemos defendido que la concertada, que es una anomalía en toda Europa, debe desaparecer como modelo, y esto es algo que un gobierno de izquierdas debe plantearse más pronto que tarde. Lo que nació como un parche temporal en los primeros años tras la dictadura, para llevar escuelas e institutos donde no había suficientes centros públicos, se ha convertido en la perpetuación de un modelo educativo y segregador clasista, y lo que es peor, sufragado con fondos públicos. Al margen de la enseñanza privada que pueda existir, no concebimos que los centros pagados con dinero público no pasen a ser públicos, aún menos que se favorezca con dinero público los colegios e institutos concertados con respecto a los públicos. El modelo de educación 100% pública (o casi) ha sido la clave del éxito en los países que van a la cabeza de los índices educativos, y además garantiza la completa igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, valor que parece que hoy queda en el olvido en nuestro país. Seguir apoyando desde la izquierda la educación concertada debería hacer sonrojar a más de uno, esta es una cuestión que debe afrontarse con valentía y voluntad política, algo que parece, brilla por su ausencia en la Ley Celaá, pero también en la voluntad de los partidos que han votado a favor de ella, y no nos referimos exclusivamente a los socios de gobierno.

Por otro lado, aunque parece que se intenta acabar con el cobro de cuotas indebidas por parte de los centros concertados existe un margen de ambigüedad mediante determinadas excepciones que permitirían seguir teniendo dobles vías de financiación en la educación concertada. En los Presupuestos Generales del Estado para 2021, actualmente en fase de negociación parlamentaria, se anuncia un aumento del 5% de los módulos para la enseñanza concertada.

No ha habido casi polémica ni ruido mediático, sin embargo, acerca de un cuestión verdaderamente fundamental: No hay mención alguna acerca de la bajada de ratios; una exigencia que se realiza desde hace años y que continua en un limbo del que ni siquiera ha salido con las acuciantes necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19.

Otro aspecto preocupante, como reflejan las recientes declaraciones de la ministra aplaudiendo los acuerdos con bancos y entidades privadas, es que parece que seguiremos asistiendo a la colonización de los centros educativos por parte de entidades financieras y gigantes de internet con evidentes propósitos de negocio y de control, y que se mantiene la apuesta neoliberal de establecer una educación competencial a medida de la empresa privada y del mercado, que parece buscar imponer sus intereses económicos mediante la introducción de metodologías supuestamente “innovadoras” de "gurús" educativos y pedagogos de dudosa credibilidad, que en el fondo suponen una bajada del nivel educativo generalizado, como ya viene denunciando el profesorado desde hace años.

Propuestas nebulosas como la de las “hiperaulas” (sic) o hablar en abstracto del impulso de la creatividad, las competencias y la innovación, mientras se desprecia el conocimiento y el esfuerzo, o se vislumbra eliminar las humanidades, la ética o la filosofía, ayudan a conseguir titulares efectistas y atractivos, pero esconden una idea peligrosa que consiste en bajar el nivel, facilitar el aprobado, para maquillar las cifras de fracaso escolar, y reducir a nuestro alumnado de la enseñanza pública a carne de cañón poco crítica a disposición de los criterios de la empresa privada y de un mercado de trabajo precario. Un ejemplo de ello ha sido el reciente decreto -de momento temporal- de regalar el aprobado en la ESO y Bachillerato con asignaturas suspendidas, algo votado con irresponsabilidad por todo el arco de la izquierda parlamentaria. ¿Es este el tipo de educación que queremos desde la izquierda?

Son muchas las propuestas que, desde ALTER, querríamos ver en una buena ley educativa. Algunas de ellas, es cierto, corresponden a las Comunidades Autónomas, pero su blindaje por parte de una ley orgánica podría contribuir a una mejora en nuestro sistema educativo.

El reverso de esta orientación neoliberal que la LOMLOE no corrige sino que agrava, sería una inversión suficiente en personal y medios materiales para atender adecuadamente al alumnado con más dificultades de aprendizaje, y a los migrantes recién llegados, que tienen problemas de adaptación al no conocer el idioma o no haber estado escolarizados. Asimismo, consideramos que hay que impulsar una digitalización con plataformas y recursos propios fuera de los circuitos de las grandes multinacionales del negocio digital de forma que, además, se protejan la privacidad de los datos de los menores así como los derechos de la comunidad educativa.

Echamos en falta medidas para garantizar la gratuidad efectiva y total de la educación pública, incluidos libros y material. Sigue siendo una realidad que hay familias que simplemente no se pueden permitir algunos de los costes que suponen. Tengamos en cuenta que España invierte menos del 4% del PIB en educación, cuando se habla de un ideal del 6%.

Nada se dice acerca de una cuestión casi ignorada desde hace mucho tiempo: reconocer la autoridad y el valor social del profesorado, que se viene cuestionando por alumnos, padres y administración. A ello contribuiría la citada reducción de ratios y de tareas burocráticas. No se aborda la reducción de horas lectivas aumentadas con los recortes, ni la protección de la libertad de cátedra ante padres, políticos y extremistas de todo signo, como hemos visto tras el caso del profesor francés, víctima de un atentado terrorista. Esto no quita para nada que deba existir una mejor formación y un control del acceso para evitar los casos puntuales de manifiesta ineptitud del profesorado, que empañan la imagen de un colectivo comprometido con nuestro alumnado y con su labor. Tampoco se aborda la estabilidad del profesorado interino que ahora mismo ocupa entre el 30 y el 40% de las plazas.

No vamos apenas a incidir en el asunto de la lengua vehicular, una falsa polémica para atizar un conflicto que sólo interesa a la derecha. Sí que nos importa el hecho de que la religión se siga impartiendo en las aulas. Pierde el carácter de asignatura evaluable, es cierto, pero para Alternativa Republicana es imperativa la desaparición de las religiones de las aulas en una sociedad democrática avanzada. Hay que recordar que el hecho de que exista la religión supone que se pierden gran cantidad de horas de las asignaturas del currículo ordinario común. De nuevo chocamos con el poder de la jerarquía católica y su armadura constitucional y normativa, una rémora del franquismo que requiere de una reforma profunda y de nuevo, valiente.

Se vuelve a perder la oportunidad de blindar un primer ciclo de infantil de 0-3 años público que, además, garantizase unas condiciones dignas para el personal que se dedica a este ciclo tan importante y tan poco valorado por las diferentes administraciones. Este es un ciclo vital para desarrollo del alumnado y para la cohesión social.

Sigue siendo necesario reformar la educación secundaria para mejorar su calidad y no devaluar el título de ESO e impulsar un modelo de Formación Profesional potente y moderno, accesible desde los 14 años para dar salida atractiva y formativamente útil al alumnado que no quiere cursar bachillerato o acceder a la universidad. Esta propuesta, que desde ALTER hacemos, reduciría notablemente el fracaso escolar.

Hay que devolver la democracia interna a los centros educativos con mayores capacidades de decisión para el Consejo Escolar. Las direcciones de los centros deben volver a ser electas por el claustro. También deben tomarse medidas que eviten posibles abusos de poder por parte de las direcciones. Las sustituciones deben estar garantizadas en el plazo más breve posible y han de existir garantías laborales para los profesores en precario.

En definitiva, la LOMLOE no rompe con el modelo mercantilizado de educación impuesto por la OCDE y la Unión Europea caracterizado por su sometimiento a las pautas económicas y laborales del neoliberalismo. No busca en absoluto la formación de ciudadanas y ciudadanos con espíritu crítico capaces de cuestionar los fundamentos de un sistema que deteriora nuestros derechos y libertades para convertir a los seres humanos en mano de obra dócil y barata y clientes alienados por el consumismo. No es el camino para una educación republicana: universal, gratuita, de calidad, laica, inclusiva, democrática.




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