La doctrina Parot: Estrasburgo 2 Madrid 0
Alfonso J.Vázquez Vaamonde. ALTER Madrid.
Hace falta tener unas entrañas negras, muchos miles de personas las tienen, para alegrarse de que unos asesinos tan desalmados como los etarras queden en libertad. Un sentimiento “justiciero” pugna con violencia con el progreso de la razón que nos ha hecho evolucionar al pasar de la justicia aplicada por la propia mano, la pura venganza, a la justicia institucional, en pasos progresivos hacia una civilización que todavía no existe en muchos países.
Nuestra justicia descansa en la sanción del delito según una ley promulgada en un Código Penal que, con cruel paradoja, se llama la Constitución del delincuente. Nosotros vemos la Ley de las XII Tablas como el primer gran paso hacia una justicia cuya interiorización racional se enfrenta en dura pugna con nuestros sentimientos ante ciertos tipos de delitos especialmente insoportables: pederastia, violación, terrorismo asesino, etc.
“Odia el delito y compadece al delincuente”, es una frase genial de mi paisana, Concepción Arenal, con la que nadie puede estar en desacuerdo. Pero enfrentados al caso concreto de ciertos delitos especialmente odiosos, de nuevo el sentimiento se enfrenta con violencia a la razón, en batalla sin fin.
Dijo Pascal: “el corazón tiene razones que la razón no comprende”. Esta frase condensa como pocas, este conflicto insoluble en la elección: dejarse gobernar por los sentimientos o por la razón. Hemos elegido que la razón domine nuestros sentimientos; se consideró que los perjuicios de esta decisión eran menores que los que ocurrirían de elegir la opción alternativa de venganzas heredadas por la familia.
Tras esta elección tremenda analicemos la realidad de la actuación judicial y política que a muchos nos avergüenza porque añadió sal a una herida que debió haber cubierto de bálsamo. Cualquier persona, no ya un profesional del derecho, sabe que la ley posterior no es aplicable a los delitos anteriores. La alteración en la interpretación de la ley, productora de inseguridad jurídica en cualquier ciudadano, es un atropello a los derechos humanos. Da igual lo atroz que sea el delito cometido por un criminal; no por ello deja de tener derechos humanos; los mismos que él vulnera, sin duda; los que nosotros, sin embargo, respetamos; y eso es lo que nos diferencia del asesino.
Es inaceptable que fueran unos profesionales del derecho los que aplicaran la doctrina Parot. Al hacerlo han conducido al fango a la justicia española, ligada a partir de ahora a esa sentencia, una sentencia previsible desde que se alumbró esa inicua doctrina.
También lo es que el poder político, tras la primera y previsible sentencia de Estrasburgo declarando inaplicable la doctrina Parot, en lugar de minimizar el impacto de esa decisión, que previsiblemente repetiría la Gran Sala ¡lo hizo por unanimidad!, la recurriera con insensato populacherismo. Logró un aplauso de las doloridas familias de las víctimas, pero ha aumentado su dolor generando unas expectativas irreales y – algo escarnecedor – les ha regalado a los asesinos un aura de “víctimas”. Lo correcto hubiera sido explicar que la justicia aplicada fue una ley que promulgara Franco y que, por mucho que duela, “dura lex, sed lex”; lo contrario sería la selva. Pudieron explicarlo como amigos, porque puede entenderse; el amigo es un bálsamo, aunque el dolor sea infinito.
Hace poco que el tribunal de Estrasburgo ya dejó en entredicho a nuestro sistema judicial por no defender los Derechos Humanos de una víctima de la ilegalidad impune de los bancos. Un magistrado le explicó al defensor de la postura del “Reino de España”, es decir, del Gobierno: “nosotros defendemos el Orden Público y éste consiste en defender los Derechos Fundamentales de los ciudadanos”. El representante español declaró sorprendido “en España por Orden Público entendemos otra cosa”. El magistrado de Estrasburgo, discreto, no dijo lo que pensaba de ese comentario.
Tras la declaración del Ministro de Justicia, insistiendo con populacherismo: “estoy en desacuerdo con la sentencia”, nos felicitamos porque ejerza de político y no de fiscal “defensor de los derechos humanos”. Se empieza excluyendo de ese derecho a criminales abyectos y se termina excluyendo a los divergentes políticos, como nos recuerda la historia reciente.
La reflexión nuestra de cada día.
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