La aplicación de la doctrina «Francot»
Alfonso J.Vázquez Vaamonde. ALTER Madrid.
Se puede ser decente, más indecente o muy indecente. Cuando el superlativo se supera, se refuerza su sentido diciendo que es “absolutamente” indecente. Pero los jóvenes consideran que hasta ese nivel de indecencia se supera y entonces añaden “super” delante de cualquier adjetivo o “Mega”, siguiendo el sistema internacional de unidades. Sin embargo algunos políticos en España han superado los “Mega” – un millón – los “Giga” – un millardo – y aun los “Tera” – un billón- de unidades de indecencia.
Esta es la que demuestra el Gobierno. La mayoría de cuyos votantes son herederos de los que apoyaron ideológicamente el golpe de Estado contra la República Democrática.
Sí, esa odiosa República que cometió un desmán tras otro: 1º.- declaró que la mujer tenía los mismos derechos que el varón; 2º.- declaró que los hijos no eran “propiedad” de los padres; 3º.- declaró que todos los hombres mayores de edad, “varones o mujeres” tenían igualdad de derecho al voto que cualquier rico o cualquier obispo o cualquier marqués; 4º.- declaro que si dos personas que habían creído que serían felices viviendo juntas, podían romper su compromiso al comprobar su error – protegiendo los derechos de los hijos – e intentar buscar de nuevo su felicidad, porque esto es un valle de oportunidades y no un “valle de lágrimas” como nos quería hacer creer la iglesia católica; y así un largo etcétera de desmanes.
La derecha consideró que no podíamos seguir así. Era necesario acabar con esta República desalmadamente democrática. Los antepasados de la mayoría de los votantes del PP apoyaron el golpe de Estado de los ricos – consideraban que España era de ellos y aun siguen haciéndolo – con el apoyo de la iglesia católica que – salvo contadas excepciones de gente decente – consideraba que también era de ella y aun sigue haciéndolo.
Ganaron y empezaron a aplicar la doctrina “Francot” con efecto retroactivo para privar de sus derechos a todos los ciudadanos. Se trataba de que no quedara ningún derecho democrático, empezando por atropellar el más elemental de los Principios Generales de Derecho: “no se puede castigar a ningún delincuente aplicándole una ley promulgada después de cometido su delito».
Era un principio que tiene milenios de vigencia. Hoy el Reino de España, heredero de esta ideología que atropellaba los derechos humanos, ha vuelto a aplicar, de la mano de unos magistrados, no se sabe si incompetentes o venalmente politizados, sin perjuicio de que haya una tercera explicación que a mí no se me alcanza
Entonces, aquellos tribunales también aplicaron la doctrina “Francot”: las personas que se habían divorciado de acuerdo con la ley vigente en la II República, que siguió siendo la única legal hasta que los regímenes internacionales por mayoría reconocieron como “legal” el régimen del golpista, ¡dejaron de estar divorciadas! El resultado inmediato fue que los hijos de ese segundo matrimonio se convirtieron en “hijos naturales”, que era como los denominaban los fascistas ¿acaso eran artificiales los casados por la iglesia?y que el cónyuge legítimo paso a convertirse en un adúltero/adúltera.
Entonces no había Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si hubiera existido Franco jamás hubiera firmado su adhesión a él. Eso le hubiera impedido atropellar los derechos humanos como hizo hasta su muerte, ¡y aun después de muerto! – ¿se creería el Cid? Para eso su heredero, Juan Carlos I de Franco, le juró que seguiría maltratándonos aplicando sus inicuas leyes a cambio de quedarse con “la finca”.
Ahora, pese a la protección del TEDH, esa misma derecha – de la mano del poder judicial continuador del anterior, ¡porque nunca hubo solución de continuidad! – aplicó la doctrina “Francot”, ahora llamada “Parot” con efecto retroactivo.
Cuando el TEDH declaró que, al margen de la magnitud del crimen cometido, eso era un atropello a los derechos humanos arremetió, esa derecha eterna arremetió contra el tribunal.
El Presidente Rajoy acaba de decir: “a mi no me gusta esa sentencia”; es decir, acaba de confesar, ¡sin vergüenza!, que “a él no le gusta que se respeten los derechos humanos”, que es lo que ha hecho la sentencia.
Evidentemente, tras esa declaración el único indigno de respeto es el Presidente del Gobierno. ¿Cómo se puede respetar a un Presidente del Gobierno que tiene el tupé de decir que no respeta los derechos humanos? ¡Pues ahí lo tiene! ¡Tan pancho!; es decir, dispuesto a atropellarlos ¡si puede!
La reflexión nuestra de cada día.
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