ES IMPRESCINDIBLE UNA EMPRESA PÚBLICA QUE GESTIONE COMO UN BIEN PÚBLICO EL ACCESO A LA ENERGÍA
COMUNIDADO DE ALTERNATIVA REPUBLICANA
La espiral inflacionista provocada por la continua subida de los precios de la energía está empeorando la situación de millones de personas que a duras penas pueden afrontar la subsistencia y que en no pocos casos se preguntan de qué modo podrán pagar energía y alimentos. A los crecientes costes energéticos hay que añadir una crisis de suministros sin precedentes que afecta ya gravemente a pequeñas empresas, que suponen la parte fundamental del tejido económico de España. Son muchos los talleres, explotaciones agropecuarias, establecimientos hosteleros, etc. que tienen muy difícil continuar con su actividad por el brutal encarecimiento de los suministros o por su indisponibilidad, lo que en el actual marco de relaciones laborales puede arrojar a miles de personas al desempleo y coadyuvar al empobrecimiento generalizado de amplias capas de la ciudadanía, con el consiguiente agravamiento de las desigualdades sociales.
Esta situación dista de ser coyuntural, como parecen entender los principales partidos del régimen; obedece al problema estructural de agotamiento de los recursos. Como expresamos en la resolución sobre ecología, economía y energía de nuestro III Congreso Federal, “la actual situación de crisis medioambiental, energética, económica y social es la plasmación en primer plano de las disfuncionalidades e insostenibilidad de un sistema que ha llegado a sus límites y que no puede aportar ningún tipo de respuesta para la gran mayoría de la sociedad.”
A esta situación estructural hay que añadir las consecuencias que puede tener la guerra en Ucrania, que además de las innumerables víctimas civiles está provocando un encarecimiento de los suministros energéticos por el más que posible cierre del mercado ruso de hidrocarburos a la UE.
Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, el gobierno y los principales partidos del régimen siguen empeñados en mirar para otro lado, como si el problema no estuviera ahí y fuera a desaparecer por arte de magia, renunciando a gestionar la energía de un modo distinto, persistiendo en servir a los intereses particulares de las multinacionales.
Como denunciamos en nuestro III Congreso Federal, toda la posición del gobierno pasa por “un mastodóntico plan de instalación de energías renovables que no parece dirigido a cubrir las necesidades de la ciudadanía sino a transformar a España en una proveedora de energía solar y eólica para la gran industria de otros estados”, sin tener en cuenta el coste medioambiental o social y con la única finalidad de apuntalar el business as usual en lugar de afrontar el problema ecoenergético de fondo.
Así, en recientes fechas el PSOE junto con PP, VOX, Ciudadanos y PNV ha tumbado en el Congreso la propuesta de UP de crear una empresa pública energética que gestionase las concesiones extinguidas de saltos de agua. Si bien, la propuesta era claramente insuficiente, su rechazo por el PSOE acredita que nada cabe esperar del principal partido de la segunda restauración borbónica ni en este ni otros aspectos.
Para Alternativa Republicana, es imprescindible afrontar la actual situación de declive energético, que tan gravemente afecta a millones de personas, mediante la adopción de medidas coherentes y decididas para un cambio de modelo económico sustentado sobre los pilares de la innovación, la sostenibilidad y la cooperación, garantizando la dignidad de las personas y su bienestar.
Por ello, apostamos decididamente por gestionar la transformación y distribución de energía como un bien público y escaso mediante la creación de una empresa pública que con criterios ecosociales y alejados del afán de lucro de las empresas privadas del sector garantice el acceso de la ciudadanía a unos mínimos de energía eléctrica a un precio razonable.
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE DE ALTERNATIVA REPUBLICANA