ALTERNATIVA REPUBLICANA MANIFIESTA SU APOYO A ROBERTO MACÍAS

La Agencia de Protección Datos pide una sanción de 10.000 € contra el activista social. La formación republicana teme que el proceso pueda esconder una “caza de brujas” contra un denunciante de corrupción

Alternativa Republicana alertó de la actuación que la Agencia de Protección de datos ha realizado contra Roberto Macías, conocido denunciante de corrupción que en el año 2021 había compartido en su canal de Youtube un video público del periódico La Vanguardia, en relación a una víctima de una de las desgraciadamente conocidas como “manadas”. El periódico había hecho público un video, autorizado por el juzgado pertinente, en el que se mostraba el interrogatorio del fiscal a la víctima, un interrogatorio duramente cuestionado por la opinión pública y medios de `prensa por la falta de sensibilidad y empatía del fiscal. Poner ese acento en la mala actuación fiscal y solidarizarse con la víctima fue el objetivo de Roberto Macías al compartirlo en su canal de Youtube.

Sin embargo en una investigación prospectiva posterior, y de acuerdo con los datos del expediente facilitado a Alternativa Republicana por Roberto Macías, la Agencia de Protección de Datos decidió con mucha posterioridad incoar un expediente sancionador contra Macías por compartir el video citado, argumentando que la voz permitía identificar a la víctima.

La gravedad de la actuación de la Agencia de Protección de Datos entiende Alternativa Republicana que estriba en que se intente actuar contra un particular cuando el vídeo continúa alojado en el propio periódico sin problema aparente. En cambio la APD decidió solicitar a Google, como propietaria de Youtube medidas para el bloqueo y eliminación del video en el canal de Macías, y llevó a cabo, según sus propias declaraciones en el escrito de incoacción, acciones que rozan la incredulidad tales como un seguimiento de los comentarios de suscriptores al canal a finde obtener datos sobre la identidad del propietario del mismo, entrando dudosamente en el campo de la propia intimidad del denunciado.

A la vez, al escrito de alegaciones iniciales de Roberto Macías en el que explicaba la publicidad del video, su fuente y motivo y otras alegaciones jurídicas desde las que entendía que su actuación no era motivo de sanción, la APD respondía con una inusual argumentación jurídica para el inicio de un expediente de esta naturaleza y que superaba la decena de folios.

Para Alternativa Republicana , en comparación con la actuación de la APD en otras circunstancias el proceso abierto entraña diversas irregularidades, tales como la propia naturaleza de la denuncia , el proceso de investigación, y el hecho de que el denunciado no haya podido acceder hasta la semana pasada al expediente para defenderse, algo necesario en la medida en que la APD aludía a denuncias de terceros y en base a las que se abrió el procedimiento.

Para el secretario de Alternativa Republicana, en función del expediente al que han tenido acceso a través del propio Roberto Macías “manifestamos nuestro absoluto temor a que este procedimiento esconda una “caza de brujas” contras un declarado activista contra la corrupción“. Más aún, el secretario republicano declaró que “uno de los motivos de más honda preocupación que encierra la actuación de la APD es que ,según nuestros servicios jurídicos, tal y como entiende también el denunciado, el propio expediente estaría incurso en caducidad de las actuaciones y prescripción de la sanción administrativa, al no haberse dictado en el tiempo establecido notificación del inicio del procedimiento sancionador”. Según consta en el expediente no fue hasta superados ampliamente el plazo legal de 12 meses cuando se declaró el inicio del expediente sancionador. Roberto Macías ha presentado alegaciones y el expediente se encuentra en estado de instrucción, con una propuesta inicial de sanción de 10.000 €

Como señala el propio denunciado, “la AEPD, pretende imponerme una sanción de 10.000 mil euros por compartir un fragmento denunciando la horrible actuación de un fiscal, que atropella a una víctima. Un fragmento que no era mío sino que corresponde a un reportaje publicado por el diario “La Vanguardia” y autorizado por el propio tribunal”

Para destacar la falta de coherencia de la cuestión relacionada con la Protección de Datos, el Secretario General de Alternativa Republicana aconsejó a la APD que se “pusiera las pilas y en vez de denunciar a Macías por compartir una publicación de un periódico se dirigiera a sancionar a las propias Juntas electorales que en campaña , envían los acuerdos a los distintos responsables de los partidos, pero sin copia oculta, de forma que en el destinatario se encuentra toda la relación de email. De ese modo es posible acceder a la relación de emails de todos los responsables de las candidaturas electorales, algunos con email claramente personal. La APD debería investigar, por ejemplo, si eso viola la protección de Datos”